Tribunal internacional declara criminal de guerra al expresidente de EEUU, George W. Bush

También fueron declarados culpables de estos cargos el ex primer ministro británico, Tony Blair, y siete miembros de la administración Bush / "Vamos a continuar nuestros esfuerzos para llevar a Bush y Blair ante la Justicia y ponerlos en la cárcel", aseguró el abogado norteamericano, experto del Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, en Malasia.
Washington / El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush , junto a 7 miembros de su gobierno, fueron declarados culpables de genocidio y crímenes contra la paz, por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Kuala Lumpur, en Malasia, así como al expremier británico Tony Blair.

Entre los integrantes del gabinete presidencial de Bush, que fueron acusados, están el exvicepresidente Dick Cheney, el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el ex fiscal general Alberto Gonzales, y los asesores David Addington, William Haynes, Jay Bybee y John Yoo.
"Vamos a continuar nuestros esfuerzos para llevar a Bush y Blair ante la Justicia y ponerlos en la cárcel", aseguró el abogado norteamericano Francis Boyle, experto en crímenes de guerra que formó parte del equipo de fiscales reunidos en Kuala Lumpur.
Boyle señaló que no pierde la esperanza de que Bush pueda ser procesado. "Hemos intentado detenerlo tres veces en Canadá, pero esos esfuerzos fueron frustrados por el gobierno canadiense", dijo el abogado.
El expresidente estadounidense y el ex primer ministro británico fueron declarados culpables bajo la misma ley que se aplicó a los nazis, durante el juicio de Nuremberg, al término de la II Guerra Mundial.
Según el equipo de abogados acusadores, que desplegaron una investigación que duró casi tres años, todos los acusados fueron considerados criminales de guerra y deben ser procesados por cualquier país del mundo que los capture.
El fiscal Gurdial Singh Nijar comentó que existe una recomendación de que el veredicto se distribuya a todos los países, y cada vez que Bush y Blair o cualquiera de los acusados pisen sus costas, hay una obligación de hacerlos comparecer ante el sistema de justicia internacional.
Desde 2009, los investigadores buscaron testimonios de víctimas de torturas por parte de soldados y "contratistas" estadounidenses y británicos en Irak y Afganistán.
Comparecieron al juicio en calidad de testigos, el británico Moazzam Begg, expresidiario en la Base Naval de Guantánamo, y la iraquí Jameelah Abbas Hameedi, quien fue torturada en la tenebrosa prisión de Abu Ghraib, en Irak.

Esperemos que estos tipos sean juzgados y encarcelados como estos hicieron con otros a los que ellos llamaron "dictadores", arrebantandole el país en nombre de la "democracia" y de la "paz".

Porque no hay que olvidar que estos tipos, por no decir una palabra malsonante, son personas como tú y como yo y que tienen el poder porque nosotros (civiles, ejercito, policía, organismos,etc.) se lo otorgamos; si no fuera así, no serían NADA por muy trajeados que fueran.

Atentamente, J.C.G. 

Guardia Civil ficha a ciudadanos sin su conocimiento

Si durante los últimos tres años la Guardia Civil le ha parado en un control rutinario, pese a que usted no haya cometido ninguna infracción ni sea sospechoso de actividad delictiva alguna, con toda probabilidad sus datos personales están registrados en SIGO, la base de datos sobre seguridad ciudadana con que funciona el cuerpo. Nombres, direcciones, teléfonos y actividades que “han alimentado esta base sin conocimiento de los ciudadanos que, a partir de ese momento, pasan a tener antecedentes policiales”, denuncian los propios agentes.

La Unión de Guardias Civiles, sindicato que agrupa a unos 7.500 agentes del cuerpo, denunciaba esta semana la situación en Navarra donde, dicen, se les está pidiendo “que identifiquen al mayor número de personas posible” no sólo con su nombre, sino con datos como el número de móvil o los lugares de donde procedían y a donde se dirigían en el momento de su identificación. Estos datos se archivan. “Y si la información se ha recabado en un control antiterrorista o antidrogas, la persona identificada pasa a tener antecedentes policiales vinculados a drogas o terrorismo”, asegura Manuel Mato, presidente del sindicato.

“Y eso es ilegal”, asegura Mato. Se basa en la Ley de Protección de Datos, muy clara al respecto: “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto”, señala. “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”, añade el artículo 22.

Para la Unión de Guardias Civiles, no son pertinentes nunca. “Son datos completamente innecesarios sin relevancia policial alguna que engordan la base de datos artificialmente”. ¿A qué responde entonces este procedimiento? Antonio Benítez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles en Navarra, es durísimo en su explicación: “Mediante este sistema los mandos incrementan sus cifras de productividad sin trabajar. En Beriáin (municipio de 3.800 habitantes en el área metropolitana de Pamplona) ponen trabas a los agentes a la hora de investigar delitos. No se van a comer cinco detenidos cuando con unas identificaciones gano un par de puntos en la estadística y no tengo más trabajo”, acusa. La productividad lleva aparejados además complementos salariales que pueden llegar a los 600 euros para un teniente o un capitán, explica. De los 38 agentes de Beriáin, 15 están de baja piscológica, entre otras cosas, dice Benítez, “por la insoportable situación creada cuando se han negado a fichar a estos ciudadanos”.

Práctica generalizada

Pero esta práctica no sólo se lleva a cabo en Navarra, o cuando se para un coche en un control. “Esto ocurre en toda España. Se meten en SIGO los datos de todo aquel que entre en un cuartel con cualquier motivo, o en dependencias de Tráfico para hacer una gestión, o aparque un coche cerca de un cuartel o un edificio público”, aseguran.

El Confidencial se ha puesto en contacto con varios guardias civiles de diversos servicios de Castilla y León, Castilla La Mancha, Asturias y Galicia. Todos ellos piden que se oculte su identidad, por miedo a represalias. Y todos coinciden: los agentes del cuerpo en sus comunidades autónomas fichan a ciudadanos perfectamente limpios y sin sombra de sospecha, sin informarles de ello. No tienen órdenes escritas de sus mandos, pero sí una fuerte presión.

No hay mandato escrito en ninguna comandancia. La orden siempre es verbal: “Se nos exige que al menos identifiquemos entre 8 y 10 vehículos por cada servicio. Tenemos que preguntarles hasta el número de teléfono. Llevamos unos tres años así pero, si te niegas, te van a asignar peores servicios y no vas a volver a ver un complemento de productividad en la vida”, denuncia Benítez. Y eso, para un agente servicio de seguridad ciudadana supone perder 120 euros; si es de Tráfico, 190.

Los agentes confirman que las identificaciones no sólo se hacen en controles de carretera. “Cualquier ciudadano que entra en la comandancia de Gijón es identificado”, señala un guardia civil asturiano. Hasta ahí, normal. Ocurre con la seguridad privada en cualquier edificio de oficinas. “Pero también se les pide el móvil y el teléfono particular. Todos esos datos van al SIGO. Hay personas que se extrañan y preguntan por qué pero acaban proporcionando sus datos ante la tesitura de que no los dejen pasar”. En Galicia, explica un agente de Lugo, “también existe la orden de que se metan los máximos datos posibles aunque ya no nos exigen un número mínimo de identificaciones diarias”.

“Creemos que estamos vulnerando la ley”


En Castilla La Mancha, explican, también se incluye a cualquiera que haga una gestión en dependencias de la Guardia Civil. Y “los oficiales están presionando a las patrullas para que hagan identificaciones aleatorias. Se han llegado a exigir entre 5 y 15 identificaciones a cada una”, denuncian. Y hay agentes angustiados: “Creemos que estamos vulnerando la ley y eso es una situación dramática. Porque se nos presiona para hacerlo pero no hay orden escrita. Si se demuestra la ilegalidad de lo que hacemos no va a pagar el pato ningún mando, ni el Ministerio del Interior”.

Las dudas de los propios miembros de la Benemérita sobre si están infringiendo la ley alimenta los foros de la Guardia Civil donde escriben sus experiencias: “Fría noche de invierno en un recóndito pueblo de la España más profunda. Pareja de la guardia civil que no ve pasar un alma. Oficial y suboficial que el día anterior dan la charla sobre la necesidad de grabar más hechos en SIGO alegando que la estadística va fatal, y que como la cosa no cambie se va a mirar todo con lupa. Llevan desde las 3 de la noche en la carretera principal, la única de importancia en la demarcación y por la única por la que puede pasar alguien. Puede que estén robando en cualquier otra parte, pero qué importa eso, lo fundamental es el identificado. Una luz aparece a lo lejos. En la cara de los guardias se puede observar una amplia sonrisa… ¡Ahí tienen a su identificado! Lo paran. Es el del reparto de periódicos y no tiene ningún tipo de interés policial, pero da igual, ellos tienen a su identificado y por lo pronto no van a ser mirados con lupa. Le piden el DNI. Como ya saben, no tiene ningún antecedente. En el coche y sin que él lo vea (no vaya a ser que pregunte para qué le toman los datos) anotan toda la filiación. Cuando llegan al Cuartel lo introducen en SIGO y respiran tranquilos. ¡Hemos cumplido!”.

Los agentes denuncian prácticas similares en Valencia, Baleares y otras comunidades. “Yo también he visto pisotear los derechos fundamentales, por grabar a una persona, por el simple hecho de ser extranjero, o al derecho a la intimidad cuando a un ciudadano se graba en una base de datos mientras ejerce su libertad de circulación en compañía de sus amistades”. Sus compañeros le responden: “Está claro que mientras se siga premiando la cantidad en los identificados se seguirán pisoteando indirectamente los derechos fundamentales de los ciudadanos”.


Explicaciones y denuncias ante Protección de Datos


La Guardia Civil reconoce que se incluyen en el SIGO los datos de cualquier ciudadano identificado en un control “a criterio del agente” y “siempre el ciudadano tiene que firmar un papel en el que se le informa sobre sus derechos y la Ley de Protección de Datos”, aseguran.
Sin embargo, sólo uno de los agentes consultados por El Confidencial indica que, en ciertos puntos de control de Ourense, se informa al ciudadano entregándole el documento. El resto ni lo utilizan ni lo han visto. La Guardia Civil admite también que se registra a quienes acuden a sus dependencias: “Se graban las identificaciones, pero SIGO es una base con propósitos múltiples”, afirma la Guardia Civil. “Ninguna persona va a tener ningún problema por eso”.

Pese a ser consultada por escrito, la Guardia Civil de momento no ha explicado cuál es la utilidad de este registro de ciudadanos no infractores ni sospechosos ni cuántos ciudadanos pueden estar registrados sin ser sospechosos de ningún delito ni haber cometido ninguna infracción. La Unión de Guardias Civiles calcula cientos de miles de fichados. “Sólo podríamos averiguarlo mediante pregunta parlamentaria”, afirman.

La Agencia Española de Protección de Datos recibió diez reclamaciones en 2010 contra la inclusión de sus datos en este registro: 2 fueron inadmitidas, 2 más desestimadas y las otras 6 tramitadas. De ellas, en cuatro casos la Guardia Civil canceló los datos y en 2 la AEPD tuvo que instar al cuerpo a hacerlo en el plazo de diez días. En una de ellas, el denunciante escuchó en un coche patrulla como se hablaba de él como “atracador de domicilios privados”. En 2011, la agencia recibió cinco reclamaciones contra SIGO. De momento sólo una ha sido estimada. La agencia recuerda que para conocer si sus datos personales están en la base, el ciudadano debe acudir a la Guardia Civil y, si considera que no se le atiende o no recibe respuesta, es cuando puede dirigirse a la AEPD.